LLERENA EN 1809

• (Publicado en la Revista de Feria y Fiestas de Llerena,2009)
  I.- ANTECEDENTES
  Como ya indicamos en un artículo publicado en la edición anterior de esta Revista de Fiestas Patronales (Llerena en 1808), las circunstancias y urgencias propias de la Guerra de la Independencia determinaron un mayor protagonismo gubernativo y administrativo de esta ciudad, desde donde se gobernaban los 44 pueblos de su partido, trasmitiendo a sus autoridades las órdenes e instrucciones que a Llerena llegaban desde la Junta Central Suprema de Gobernación del Reino, de la Junta Suprema de Extremadura o de los cuarteles generales de los ejércitos nacionales.
  
  Gracias al contacto directo con la superioridad, las autoridades llerenenses tuvieron noticias de primera mano sobre el Motín de Aranjuez, los sucesos del 2 de Mayo en Madrid y la forzada abdicación de Fernando VII en favor de José Bonaparte el día 5 del mismo mes. En concreto, la iniciativa y disposición de los alcaldes de Móstoles fue conocida oficialmente por el gobernador interino y alcalde mayor de Llerena, don Fernando Camborda, sobre las tres de la madrugada del día 5 de Mayo, noticia que puso en conocimiento del resto de las autoridades civiles y religiosas locales, y también de las de los pueblos de su jurisdicción.
  
  Como ya se consideró, el primero de Julio de 1808, siguiendo instrucciones superiores, se constituyó la Junta Patriótica de Llerena, con facultad para tutorar y controlar los asuntos de la guerra en esta ciudad y en todos los pueblos de su partido histórico. Dicha junta quedó controlada por el clero local (el inquisidor Riesco y el obispo-prior Casquete del Prado), excluyendo a Camborda y a la práctica totalidad de los regidores perpetuos de la ciudad, salvo a Hernández Santa Cruz. Esta circunstancia no fue bien acogida por las personalidades descartadas, situación que inmediatamente dio origen a sucesivas polémicas y disensiones, la primera de las cuales se resolvió con el traslado de Camborda a Hornachos. Por desgracia para los intereses nacionales y locales, las desavenencias entre las autoridades llerenenses no concluyeron aquí, pues las discordias estuvieron presentes durante todo el desarrollo de la Guerra.
  
  Respecto a la guerra en sí, como también ya se contempló en su momento, la contienda fue un paseo triunfal para los intereses franceses hasta que, excesivamente confiados, sufrieron en Julio de 1808 la estrepitosa derrota de Bailén, circunstancia que provocó su retirada al noreste peninsular. Pero allí, ya en el otoño los aproximadamente 60.000 efectivos españoles que acudieron a acosarles se encontraron con el enemigo reforzado con más de 250.000 soldados de todas las armas, perfectamente adiestrados y pertrechados, y bajo la personal dirección de Napoleón, que sin apenas esfuerzo les derrotó sin contemplación. En lo que más nos atañe, el ejército de Extremadura, del que formaban parte unos 5.000 soldados reclutados en el partido de Llerena, prácticamente desapareció tras los distintos enfrentamientos que mantuvieron con el enemigo en la provincia de Burgos, sufriendo numerosas bajas y deserciones. Los escasos efectivos que sobrevivieron padecieron en Diciembre nueva derrota en las proximidades de Madrid, ahora en unos momentos en los que la Junta Central se vio forzada a abandonar Madrid para, tras descartar su traslado a la plaza fortificada de Badajoz, refugiarse por fin en Sevilla.
  
  Bajo estas circunstancias y con el enemigo avanzando desde Madrid hacia distintos puntos de la Península, entre ellos Extremadura y Portugal, abordamos la repercusión de la contienda en Llerena durante 1809.
  
  II.- LUCHA POR EL PODER LOCAL
  En ausencia de datos, hemos de suponer que la vida de los llerenenses discurriría con la normalidad que la guerra permitía en 1809. Y hacemos esta conjetura porque realmente carecemos de datos concretos, dada la laguna documental que existe en los archivos de la ciudad, reducido a las partidas recogidas en los Libros Sacramentales de sus dos parroquias. Ya hemos lamentado esta circunstancia en otras ocasiones, pero conviene recordar que en Llerena no se conserva ni un solo documento relativo a la Guerra de la Independencia, acotando la laguna documental citada entre los años setenta del XVIII y los treinta del XIX. Por ello, sólo es posible tomar referencias sobre Llerena cuando lo sucedido en nuestra ciudad tuvo eco o repercusión más allá de sus murallas, bien por tratarse de órdenes recibidas de la superioridad, de decretos remitidos a los pueblos de su gobernación por las autoridades del partido o por hechos aquí acontecidos y que tuvieron repercusión o desenlace en otros lugares.
  
  Al parecer, tomando nuevamente la referencia del año anterior, la precipitada salida en Agosto de 1808 del gobernador interino y alcalde mayor de Llerena, Sr. Camborda, no fue suficiente para calmar los ánimos y alcanzar la paz entre las distintas autoridades llerenenses. En realidad, durante el Antiguo Régimen en Llerena nunca faltaron recelos y suspicacias de esta naturaleza entre los miembros del clero, los del estamento nobiliario y los administradores y oficiales reales que circunstancialmente aquí estaban destinados. Buena prueba de ello se localiza en una especie de crónica e informe de 1667 redactado por Cristóbal de Aguilar (Libro de razón), en donde se recogían los privilegios de la ciudad y las competencias de cada uno de los estamentos de poder en ella centralizada. Se daba cuenta igualmente de lo pactado y acordado protocolariamente sobre la privilegiada ubicación de cada autoridad en todos y cada uno de los actos festivos (juegos de cañas, corridas de toros, representaciones teatrales…) y religiosos (misas, procesiones, rosarios, autos de fe…) que se celebraban en Llerena, repartiendo con meticulosidad y de forma inequívoca cada uno de los palcos y arcos que rodeaban la Plaza Mayor, los sitiales reservados en las iglesias y conventos, así como la posición de cada autoridad en las dependencias donde se celebraban los plenos del Ayuntamiento o cualquier otra actividad administrativa. A tal extremo se llevaron estos asuntos protocolarios, que aún a finales del XVIII la propia reconstrucción de la Iglesia Mayor de Ntra. Sra. de la Granada tuvo que adaptarse arquitectónicamente para incluir exactamente los soportales y arcos que el primitivo templo disponía delante del mismo, es decir, los que entonces se conocían como Portales de Plateros y Libreros.
  
  En realidad, especialmente desde el definitivo asentamiento de los regidores perpetuos en Llerena a finales del XVI, el gobierno del concejo quedó en sus manos. Éstos constituían el estamento nobiliario u oligarquía local, junto a la escasa veintena de hidalgos avecindados en la ciudad, así como ciertos y circunstanciales oficiales reales en ella asentados (gobernador, alcalde mayor, escribanos, funcionarios de la tesorería del partido y de la Mesa Maestral, los asociados a la administración de Justicias, jueces comisionados para asuntos puntuales, militares de graduación…).
  
  En efecto, el gobierno del concejo quedó exclusivamente como competencia de los numerosos regidores perpetuos que compraron el título entre 1599 y las dos primeras décadas del XVII, con la anuencia del gobernador, cuya voluntad doblegaban ofreciéndole el patronato de la obra pía que fundara el capitán Fernández Barba. El osado atrevimiento de los regidores perdía tal condición si consideramos que dicho patronazgo conllevaba 11.000 reales anuales (el jornal, cuando se podía echar y siempre de sol a sol, estaba estipulado entre 3 y 5 reales, según la época del año y la tarea a realizar). Es decir, un “estímulo” suficiente para que el representante real en Llerena les dejara vía libre en el gobierno y distribución de los bienes concejiles y comunales (representaban aproximadamente el 90% de la tierra de los actuales términos de Llerena y sus antiguas aldeas de Higuera y Maguilla), así como en el reparto de la carga fiscal que afectaba al conjunto de los llerenenses.
  
  El otro estamento privilegiado de la ciudad estaba representado por el numeroso clero local, presidido por el obispo-prior y los asociados a sus distintas competencias religiosas y administrativas en la provincia de León de la Orden de Santiago en Extremadura (unos 10.000 km2), además del provisor del partido de Llerena y sus ayudantes, los dos párrocos locales con sus tenientes, los numerosos beneficiados de capellanías, obras pías y vínculos, tres conventos de religiosas (Santa Isabel, Santa Clara y Santa Ana) y cuatro de religiosos (dominicos, franciscanos, hermanos de San Juan de Dios y jesuitas), sin olvidarnos del complejo entramado representado por los miembros del Tribunal de la Inquisición. En total, aproximadamente tres centenares de religiosos, algunos de ellos con muchísimo poder, carga difícil de mantener por los poco más de 6.000 habitantes que tuvo Llerena en su mejor época, es decir, los 1.500 pecheros o unidades familiares que, como media a lo largo del Antiguo Régimen, integraban el pueblo llano o clase desfavorecida del sistema social imperante.
  
  Los dos estamentos privilegiados (nobleza intitulada local y clero), aunque rivalizaban por nimiedades tales como un palco en la Plaza Pública o un asiento o lugar preferente en las iglesias o procesiones (no digamos por otros asuntos más importantes), actuaban corporativamente cuando se trataba de defender sus privilegios frente al estamento de los pecheros, abusando de ellos, tanto en el reparto de tierras para labrar o pastorear como en la aplicación de impuesto.
  
  Y bajo estos parámetros hemos de analizar los acontecimientos locales y la eterna lucha por el poder entre las autoridades de las múltiples administraciones que concurrieron en Llerena durante la Guerra de la Independencia, parámetros y protocolos rotos desde su inicio. En efecto, la aparición a primeros de Junio de 1808 de la Junta Patriótica local hizo añicos los pactos protocolarios y la distribución de poder y competencias que habían presidido las relaciones de las distintas administraciones y autoridades ubicadas en Llerena durante más de dos siglos. Así, nada más empezar la guerra, el pulso entre el gobernador interino y alcalde mayor de Llerena, Sr. Camborda, y la recién aparecida Junta Patriótica concluyó con la expulsión de este último, especialmente por la influencia de su presidente, el inquisidor decano José María Riesco (integrante también de la Junta Suprema Provincial de Extremadura y, más adelante, uno de los parlamentarios de las Cortes Constituyentes de Cádiz) y la de Casquete del Prado (fuentecanteño, obispo-prior de la Orden de Santiago en su provincia de Extremadura y, con posterioridad, también integrante de las Cortes Constituyentes).
  
  A Camborda le sustituyeron el Coronel Antonio Muñoz de Santiago, como gobernador, y Amat como alcalde mayor, dos personajes oriundos de distintos lugares de la geografía peninsular pues, según era costumbre en los territorios de Órdenes Militares, dichos funcionarios reales no deberían tener ninguna relación de vecindad con Llerena, ni de familiaridad con su vecindario. Pues bien, nada más tomar posesión de sus respectivos cargos aparecieron entre ellos los primeros desencuentros, cuando en realidad se debía tratar de cargos y oficios complementarios: el del gobernador, como máxima autoridad en Llerena y su partido, y del alcalde mayor y abogado de los Reales Consejos como su asesor personal en cuestiones jurídicas. Sin embargo, se quejaba Amat de que Muñoz no se dejaba aconsejar, saltándose las ordenanzas y leyes a su antojo, utilizándole exclusivamente con fines recaudatorios en casos ya rancios y complicados, máxime en los tiempos que corrían.
  
  Pero los frentes de discordias entre las distintas autoridades llerenenses fueron numerosos a lo largo de 1809, pese a que los franceses llegaron a estar en cierto momento prácticamente a las mismas puertas de la ciudad. Sobre este particular, el ya clásico clan de regidores perpetuos locales (hasta 24 concurrieron en alguna fase del Antiguo Régimen) adoptaron diversas posturas:
  - Algunos habían desistido de renovar su cargo en 1805, estimando que para esas fechas no era tan interesante el oficio, especialmente como consecuencia de las reformas ilustradas en la administración de los concejos.
  - Otros, pese a renovarlo en la fecha últimamente indicada, decidieron mantenerse al margen y olvidar sus obligaciones en el gobierno y administración del concejo, especialmente, suponemos, por las complicaciones que podrían derivarse del conflicto bélico, a las que habría que añadir el enfrentamiento nada disimulado que se estaba produciendo entre el gobernador y la Junta Patriótica local y del partido. Fueron los casos de Juan de Monroy, Fernando de Aguilar, Enrique Ansoti, Antonio Moreno, Sebastián Montero, Ignacio del Olmo, Pedro Corpas, Francisco Cabanillas, Francisco Ansoti, Manuel de la Fuente, Lorenzo de Figueroa y los herederos de Pablo Nanclares.
  - Sólo Hernández Santa Cruz (regidor perpetuo decano) pasó a formar parte de la Junta Patriótica local, defendiéndola con decisión.
  - Finalmente, el grupo de los únicos que decidieron cumplir con sus obligaciones y continuar en el Ayuntamiento, no sabemos si por respaldar al gobernador o por el común interés en contrarrestar a la Junta Patriótica, que actuaba y se había erigido como la máxima autoridad en Llerena y en los 44 pueblos del partido, que ocupaban una superficie aproximada de 6.000 km2. Nos referimos a Antonio Muñoz Gato, Francisco Pacheco, Juan Hidalgo, Matías Cebrián, José Gómez (mayordomo, es decir, quien administraba los fondos municipales) y Fernando Rodríguez Zambrano (síndico personero del común o, lo que es igual, quien se encargaba de distribuir las tierras y pastos comunales).
  
  Eran, pues, tan pocos regidores los que decidieron seguir en el Ayuntamiento, que por falta de quórum, y considerando las circunstancias tan especiales que concurrían, frecuentemente se veían obligados a suspender los plenos municipales, como así estaba recogido en las ordenanzas del concejo llerenense. Por ello, en una sesión de pleno celebrada durante la primavera de 1809 decidieron solicitar de la Junta Central Suprema de Gobierno del Reino (refugiada en los Reales Alcázares de Sevilla, tras su retirada de Madrid en Noviembre de 1808) una Real Provisión que obligara a los regidores perpetuos absentistas a deponer su actitud, sugiriendo que en caso contrario se les secuestrara el oficio que habían comprado a perpetuidad. Igualmente solicitaron que se les permitiera anualmente escoger entre el vecindario cuatro o seis personas dispuestas a actuar como regidores.
  
  Esta última petición fue desestimada, pero no la primera. En efecto, desde Sevilla (sede de la Junta Suprema de Gobernación del Reino) contactaron con los regidores absentistas, conminándoles al cumplimiento de las competencias anexas a su cargo. Sobre este particular, sólo hemos tenido acceso a las alegaciones de Aguilar y Valdés, que justificaba su incomparecencia en el Ayuntamiento arguyendo su avanzada edad (acompañaba una partida de bautismo), los achaques propios de la misma (acompañaba certificado médico) y la falta de personas de su confianza para hacerse cargo de su vasta fortuna, hacienda y negocios, estos últimos como distribuidor mayorista de productos de primera y segunda necesidad en toda la comarca. Añadía que era soltero y sólo tenía como familia a una sobrina viuda y madre de un niño de tres años, ambos sin capacidad legal para representarle en el Ayuntamiento. Por todo ello, dado también que nadie estaba dispuesto a arrendarle el oficio de regidor hasta la mayoría de edad de su sobrino-nieto, su sucesor legal en el mayorazgo familiar, solicitaba que se le dispensara de tales obligaciones y que en ningún caso le secuestraran el oficio de regidor perpetuo vinculado al mayorazgo familiar.
  
  Pero el conflicto más tenso fue el mantenido entre el gobernador Muñoz y los miembros de la Junta Patriótica. Estos últimos hicieron saber a la Junta Suprema del Reino que las actuaciones del gobernador estaban presididas por el ánimo de desacreditarla y restarle competencias, dado que no había conseguido el objetivo de regirla. A pesar de todo, hacían saber que la Junta había tenido a bien ofrecerle la responsabilidad de la vicepresidencia que, al parecer, no colmaba sus satisfacciones.
  
  El gobernador no estaba sólo en estos debates; lo arropaban, al menos puntualmente y para asuntos de discrepancia con la Junta Patriótica, los regidores Hidalgo, Pacheco y Cebrián, aunque este último y su familia, con miras más altas, representaba un asociado complicado y peligroso para el propio gobernador. El principal argumento que esgrimían para desacreditar a la Junta Patriótica era el de que en Llerena no existían los 2.000 vecinos (unas 8.000 almas o habitantes) estipulados para que un concejo pudiera disponer de Junta Patriótica.
  
  Al parecer, ni la Junta Suprema de Extremadura (por aquellas fechas asentada en Valencia de Alcántara, al cobijo de los ejércitos aliados y ante el casi asedio del enemigo a Badajoz) ni la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino tomaron decisiones importantes sobre el conflicto llerenense, pues es de suponer que tendrían otros asuntos más importantes que resolver. El único que sí adoptó decisiones, y muy dolorosas para el gobernador, fue Riesco, en su condición de presidente de la Junta Patriótica de Llerena, inquisidor decano y, por aquellas fechas, miembro también de la Junta Suprema de Extremadura. Concretamente tomó la decisión de quitarle al gobernador el patronazgo de la obra pía de Fernández Barba y, lo que resultaba más doloroso, los 11.000 reales anuales que el cargo llevaba anexo. Además, para más complicación, se lo reservo para él en calidad de inquisidor decano, como inicialmente fue la voluntad del fundador.
  
  En definitiva, las relaciones entre las autoridades de Llerena fueron muy tensas. Suponemos que, al menos, el pueblo llano estaría distraído viendo como sus prepotentes, ricas y acomodadas autoridades se destrozaban entre sí, aliviándose de esta manera del excesivo desgaste personal y económico que les reportaban los continuos alistamientos y requisas de víveres que sufrían.
  
  El mejor de los espectáculos al que asistieron tuvo lugar en la Iglesia Mayor a primeros de Agosto. Se trataba de celebrar con toda solemnidad y júbilo aquella que los aliados (españoles, ingleses y portugueses) consideraron como la única victoria española frente a los franceses en todo 1809: la de Talavera (28/07/1809), que más bien concluyó en empate, con la oportuna retirada de los gabachos a otra zona más acorde con su estrategia. Para tal acontecimiento, siguiendo instrucciones superiores, se acordó que en cada pueblo se celebrasen una serie de actos festivos y religiosos de acción de gracia. Pues bien, con todo el pueblo en el templo y sus alrededores, los asesores y personas de confianza de uno y otro estamento del poder se afanaron en consensuar un protocolo imposible de alcanzar, portando los bancos y estrados propiedad del concejo desde el ayuntamiento a la iglesia mayor, discutiendo en este sagrado aposento sobre la ubicación de dichos estrados y el sitio preferencial de cada autoridad en los actos programados, reubicando los bancos en el Ayuntamiento ante los desacuerdos…, y todo ello delante del público que, aunque acostumbrado a estos espectáculos, seguía expectante el desarrollo de los acontecimientos. Mientras, a la espera de noticias sobre el protocolo a seguir, uno y otro bando de autoridades hacían tiempo en distintas dependencias del ayuntamiento para iniciar los actos programados, sin saber si se iniciarían o cómo concluirían. Al final, sin la asistencia del gobernador, miembros del Ayuntamiento ni, incluso, del párroco de la Iglesia Mayor y hermano de unos de los regidores perpetuos adepto al gobernador, se celebró a duras penas el acto, no sin la irrupción exhibicionista, fiscalizadora, y espectacular del gobernador, que en un momento de la celebración decidió pasearse por el templo.
  
  Y estos son los acontecimientos de los que tenemos noticias en Llerena durante 1809. En el resto de los años que duró la guerra, especialmente en las fechas más complicadas (Febrero de 1810, hasta Septiembre de 1812), fue Cebrián quien dio la cara, echándole redaños al asunto; las otras autoridades en discordia desaparecieron hasta que en Septiembre de 1812 los franceses abandonaron la zona, momento en el que tomó el poder el regidor perpetuo Hernández Santacruz.
  
  III.- LA GUERRA EN LA BAJA EXTREMADURA DURANTE 1809
  Volviendo sobre la guerra en Extremadura a finales de 1808, pese a la debacle y las numerosas deserciones del otoño, durante los meses de Enero y Febrero de 1809 se consiguió reorganizar los ejércitos nacionales, entre ellos el de Extremadura, quedando este último a cargo del general Gregorio de la Cuesta, que se puso como objetivo más inmediato sujetar a los franceses en su decidido avance desde Madrid hacia Badajoz. Por ello, temiendo no poder contenerlos en los pasos del Tajo y del Guadiana, y sospechando que la intención de los invasores era la de encaminarse hacia Sevilla, ciudad donde se había refugiado la Junta Central Suprema de Gobierno, se dieron determinadas órdenes para fortificar las posibles rutas a su paso por Sierra Morena. Así, los zapadores, con ayuda del vecindario de los pueblos de las posibles rutas, organizaron puntos de resistencia en los Santos, Monesterio, el Culebrín, Santa Olalla, el Ronquillo…, haciendo lo propio en la ruta alternativa a su paso por Guadalcanal.
  
  .Además de las medidas anteriores, la Junta Central también adoptó la estrategia de fomentar partidas de guerrilla y de preparar las denominadas milicias urbanas para incomodar al enemigo, impidiendo así la obtención de víveres mediante acciones por sorpresa en los puntos neurálgicos del sistema de comunicaciones. Precisamente la constitución en Llerena de estas partidas también fue objeto de polémicas, siguiendo con las pautas indicadas en el apartado anterior. Al final, el llerenense Muñoz Vaca resultó nombrado como comandante de dicha partida.
  
  Continuando con los asuntos de la guerra en el contexto provincial, el grueso de la reconstruida tropa extremeña se instaló en el Puerto de Miravete, en el puente de Almaraz y en Medellín, de donde definitivamente fueron desalojados el 29 de Marzo de 1809, tras una polémica batalla en la que, según el posterior informe de su general en jefe, D. Gregorio de la Cuesta, tenían prácticamente ganada, aunque falló a última hora por la tibieza con que se empleó la caballería española. Esta seria derrota provocó una penosa y desesperada retirada del ejército de Extremadura hacia el sur, dejando el enemigo a las puertas de Badajoz y la práctica totalidad de la zona central y oriental de la actual provincia de Badajoz a su alcance. Concretamente, tras la derrota en Medellín, el Cuartel General de los españoles se instaló en Berlanga; toda la caballería, comandada por el general Villalba, en Llerena; la división de Andalucía, comandada por el duque de Alburquerque, en Azuaga; la división de Guadalupe, al frente de la cual estaba el general Barredo, en Granja de Torrehermosa; el duque del Parque, con la vanguardia y la primera división, en Ahillones; en Reina la segunda división con su comandante el general Imaz; la tercera, bajo el mando del general Portago, en Fuente del Arco; y el hospital general en Guadalcanal. Al parecer, aunque el Cuartel General se trasladó poco después a Monesterio, estas posiciones se mantuvieron en manos españolas, pero no la de los otros pueblos del resto del partido de Llerena y los de la zona central y oriental de la actual provincia de Badajoz, en donde, obviamente, se vieron forzados a proporcionar a los invasores cuantos avituallamientos estimaron oportuno requerir, so pena de saqueos arbitrarios. Con independencia de estas exigencias, el vecindario de la comarca ya estaba comprometido a abastecer al ejército de Extremadura, según disposiciones tomadas por el general Cuesta, que había obligado a cada pueblo a proporcionar una serie de raciones para abastecer a la tropa concentrada en los pueblos citados anteriormente.
  
  Al parecer, los franceses, tras conseguir el botín de guerra, se retiraron de los pueblos del Partido de Llerena que ocuparon (Hornachos y los de sus alrededores, así como otros incluidos en la antigua encomienda de Alange) y, en general, de la Baja Extremadura a otras zonas más acorde con sus estrategias. Por desgracia, nuevamente volverían en Febrero de 1810, atacando simultáneamente por el norte y por el sur de la actual provincia de Badajoz, pero este aspecto se aplaza para próximas ediciones de esta revista.
  ___________________
  BIBLIOGRAFIA
  I.- FUENTES DOCUMENTALES:
  - AHN, Consejos, 11992, Expediente 43.
  - AHN, Diversos-Colecciones, 152, N. 27: Informe de M. Alós.
  - AHN, Estado, 28, C.
  - AHN, Estado, 41, A.
  - AHN, Estado, 80, D Reconocimiento de la Junta Central por las autoridades de Llerena.
  - AM Guadalcanal, leg. 126.
  - AMG, leg. 127.
  - AMG, leg. 1.382. Libro de Actas Capitulares, carpeta de 1809.
  - AMG, leg. 1.382, carpeta de 1813.
  - AMG, leg. 1.640.
  - AM. Valencia de las Torres, leg. 91.
  - AM. Valverde de Llerena, leg. 35.
  II.- FUENTES IMPRESAS- GUTIÉRREZ BARBA, A. Llerena y su partido en la Guerra de la Independencia, Badajoz, 2008.
  - GÓMEZ VILLAFRANCA, R. Extremadura en la Guerra de la Independencia española: memoria histórica y colección diplomática, 2 ª parte, apéndice documental, pp. 83 y 84, Badajoz, 1908.
  - MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “El capitán Diego Fernández Barba, un llerenense generoso del XVII, en la Revista de Fiestas Patronales, Llerena, 1998.
  - MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “Antonio Carrasco, Pilar de la Peña y la Plaza Mayor de Llerena”, en la Revista de Fiestas Patronales, Llerena, 2006.
  - MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “Llerena en 1808”, en la Revista de Fiestas Patronales, Llerena, 2008.
  - MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “La Guerra de la Independencia en Guadalcanal”, en Revista de Feria y Fiestas, Guadalcanal, 2008
  - MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “El partido de Llerena durante la Guerra de la Independencia”, en Actas de las IX Jornadas de Historia en Llerena, Llerena 2008.
  - www.manuelmaldonadofernandez.blogspot.com